Papeles el tiempo de los derechos: LA REALIDAD DE LOS MENAS AL LLEGAR A SU MAYORÍA DE EDAD
Papeles
el tiempo de los derechos: LA REALIDAD DE LOS MENAS AL LLEGAR A SU MAYORÍA DE EDAD
El
pasado mes de mayo participaba, junto a Ester Mª Arce Peláez –compañera
Profesora-tutora en el centro Asociado a la UNED de Ciudad Real-Valdepeñas–, en
el IX Congreso El tiempo de los derechos.
En
este Congreso presentamos una comunicación dentro de la Mesa: Proceso de
desinstitucionalización y derechos humanos.
Fruto
de este trabajo es el artículo publicado en el número 8 de 2024 de Papeles el tiempo de los derechos.
En
estos días en los que nuestros políticos utilizan los menores extranjeros no
acompañados –estos en especial y los migrantes en general– como baza política
para lanzarse reproches y culpabilizarse, unos a otros por las políticas
llevadas a cabo, sin dejar claro, ninguno de ellos, voluntad de querer solucionar
ese problema.
Sin
embargo, no todas las acciones llevadas a cabo con estos menores son así;
existen instituciones, asociaciones e incluso particulares que les ayudan a
incorporarse a la sociedad cuando llegan a la mayoría de edad y han de salir de
la institucionalización en la que estaban.
Introducción
Pese
a incluir en el título de esta comunicación el acrónimo –MENAS–, en las páginas
que siguen no se utilizará, y ¿por qué? Porque desde diversos sectores de la
política y de la sociedad ha interesado criminalizar y culpabilizar a estos
niños de unos hechos que no cabe atribuírseles; deshumanizarlos,
desposeyéndolos de la dignidad de todo ser humano al tratarlos solo como grupo.
La
Constitución Española de 1978, garantista de los derechos de los menores,
asegura la protección de los niños, protección a la que no solo estarán
obligados los progenitores, sino que también los poderes públicos. Con esta
consideración, junto al cumplimiento de los Tratados Internaciones, de los que
España es parte, un menor no quedará en situación de desamparo en este país.
Por
ello, y partiendo de la premisa de este reconocimiento, los menores extranjeros
que en España no cuentan con la protección de sus familias –progenitores o
familias amplias– han de ponerse bajo el amparo de los poderes públicos, y esto
es consecuencia de la vulnerabilidad que conlleva la minoría de edad dentro del
contexto de la migración.
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